¿Queres informarte sobre las reformas del sistema educativo en cuestiones de género?
7 septiembre, 2018—El Viernes, 14 de septiembre, a las 18h. en el colegio de Lourdes, conferencia de Fernando López Luengos
El derecho inalienable de los padres a la educación de sus hijos
A lo largo de los últimos años, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, se han aprobado distintas leyes «de identidad de género» y se han establecido protocolos «de atención educativa y acompañamiento a la diversidad de género».
Además, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales(..), presentada por Unidos Podemos.
A la vista del título de estos textos, parece que la finalidad podría ser evitar la discriminación de determinadas personas o movimientos asociativos.
Sin embargo, algunas de las medidas contenidas en estas normas y protocolos ponen de manifiesto que los objetivos van mucho más allá de la «no discriminación», y pueden entrar en colisión con derechos fundamentales como la libertad ideológica y el derecho a la educación.
En el caso concreto de Castilla y León, la Consejería de Educación ha enviado a los centros educativos de la Comunidad Autónoma un Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa.
Según este Protocolo, el hecho de ser varón o mujer sería un dato que «se asigna al nacer», y ha de ser cada persona «quien determine las características o singularidades de su identidad como ser humano».
Además, las Cortes autonómicas aprobaron el pasado mes de junio la tramitación de la Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Esta Proposición recoge como uno de sus principios que «toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su orientación sexual y su identidad sexual. La identidad sexual que cada persona defina para sí (…) constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación». Según la literalidad de estos principios, no se trataría tanto de elaborar planes específicos para luchar contra la discriminación, como de crear nuevos derechos a la «autodeterminación» que incluyen también a los menores de edad. Para ello, esta Proposición articula una serie de medidas en distintos ámbitos, entre ellos el sanitario y el educativo.
En el ámbito sanitario, se reconoce el principio de «libre autodeterminación de sexo y género». Por ello, los menores de edad que así lo soliciten, tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, siendo «el propio menor quien otorgue el consentimiento». Si los padres no estuvieran de acuerdo con la decisión tomada por el menor, se administrará el bloqueo hormonal mientras no se reciba «orden judicial en contra».
Los planes y contenidos educativos, según el texto de esta Proposición, se implantarán «tanto en el ámbito de la enseñanza pública como en el de la concertada o privada», a través de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria, además de «herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual y de género».
La iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados plantea estos contenidos de forma obligatoria para los planes de estudio de todas las Comunidades Autónomas. El estudio de la «diversidad familiar» se incluye en Educación Infantil y en la asignatura de Conocimiento del Medio en Primaria, y «el estudio del movimiento LGTBI» en la asignatura de Historia en Secundaria.
Si todos estos contenidos se convierten en nuevos derechos y se implantan en el ámbito educativo, ¿se está garantizando el derecho a la libertad de enseñanza? ¿Se está respetando el derecho a la libertad ideológica?
¿Se está protegiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones?
Susana Álvarez Sánchez
COF Diocesano de Valladolid
