La Asamblea General de Cáritas Española, celebrada en julio, manifestaba en su declaración final: «Somos testigos de cómo, mientras aumenta la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les permitan satisfaces con dignidad sus necesidades básicas».
Vivimos un momento posterior a la crisis económica en la que en algunos indicadores socioeconómicos, como las tasas de desempleo o el producto interior bruto, podemos comprobar que ha habido una clara mejoría.
No obstante, en Cáritas, desde el trabajo cotidiano al lado de las personas vulnerables, se constata que hoy se están dan cuatro situaciones:
- La recuperación económica no está llegando a todas las personas.
- La desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad.
- La puerta del empleo sigue cerrada para muchas personas.
- El mercado laboral no asegura unas condiciones de vida dignas.
Es decir, la mejoría para una parte de la población todavía no permite restituir las condiciones de vida que se experimentaban en el momento previo a la crisis. Son muchas las familias y las personas que siguen atrapadas en situaciones cotidianas de precariedad.
La recuperación económica y del empleo está siguiendo un ritmo lento de traducción en la mejora de las condiciones de vida. A pesar de que el desempleo se reduce con intensidad, la desigualdad y la pobreza no acompañan esta dinámica. Un ritmo de recuperación que no prima todos los aspectos necesarios para la cohesión social resulta insuficiente para aquellos hogares con una situación de vulnerabilidad elevada.
Recuperación económica, pero no para toda la población
La recuperación económica no está alcanzando a todos los sectores poblacionales por igual. Aquellas familias que ya sufrían condiciones de vulnerabilidad previas a la crisis económica, y que sufrieron con más rigor los años de recesión económica, desempleo y desinversión de las políticas sociales son precisamente las familias menos favorecidas por el cambio de ciclo económico. La Encuesta sobre la Resiliencia de los Hogares en España de la Fundación FOESSA (2017) nos permite observar esta realidad reciente.
Las políticas de protección social, además, están siendo insuficientes en extensión e intensidad para proteger a personas y a familias, especialmente a familias con menores.
Existen en España más de 600.000 hogares sin ingresos. Personas y familias que no disponen de ingresos del trabajo, ni protección al desempleo ni otro tipo de prestación contributiva suponen el 2,2% de los hogares en 2018, lo que son 223.000 hogares sin ingresos más que hace 10 años (385.000 en 2008). Del total de 600.000 hogares sin ingresos, aproximadamente 360.000 son beneficiarios de algún tipo de «renta mínima autonómica», lo que dejaría a más de 240.000 hogares totalmente desprotegidos.
Se consolida la desigualdad.
Durante los años de crisis económica la desigualdad económica creció considerablemente, incorporando a nuestra sociedad riesgos importantes para la construcción de una sociedad cohesionada. A día de hoy nuestro país se encuentra entre los países con más desigualdad por renta de la UE, destacando que el 20% de la población con más renta gana 6,6 veces más que el 20% con menos ingresos.
Importante incidencia del desempleo
La tasa de paro continúa siendo considerablemente alta 16,7% (2018), muy superior al 9,6% (2008) que se registraba en el periodo previo a la crisis. Para una proporción importante de estas personas desempleadas, el 49,8 % (cifra que casi duplica la de hace 10 años), es una situación persistente y de larga duración (más de 1 año). El desempleo afecta a una buena parte de los sustentadores principales, es decir, al miembro del hogar que más aporta al presupuesto del hogar (en la última década, hemos pasado del 7,4% en 2008 al 13,6% en 2018, lo que supone un incremento del 84%). Existe un número importante de hogares en los que todas las personas activas (con capacidad y disponibilidad para trabajar) se encuentran desempleadas: el 6,7% en 2018, una cifra que duplica ampliamente la que se registraba 10 años atrás, que era del 3,1%.
Un trabajo precario que no permite salir de la pobreza
Por otra parte, el crecimiento del empleo no está siendo capaz de reducir la desigualdad ni de asegurar unas condiciones de vida dignas para muchas familias. Mucho de este empleo está siendo precario. Una precariedad laboral constatada en que más de un millón y medio (1.581.000) de personas con jornada parcial querrían trabajar más horas, pero no encuentran el modo de hacerlo. Esta cifra duplica las 774.000 personas que vivían esta situación en 2008.
La temporalidad (un 28% de los contratos son de muy corta duración, menos de 7 días), la intermitencia de los empleos, la precariedad laboral y la insuficiencia de los salarios provocan que muchas familias, a pesar de trabajar, no consigan superar el umbral de la pobreza: el 14,1 % de las personas que hoy están trabajando forman parte de hogares que viven una situación de pobreza económica.
Conclusión
Más allá de los cambios positivos que se han visto reflejados en los indicadores del desempleo, la carencia material o el nivel medio de renta, existe una realidad de exclusión social de personas y familias que no está respondiendo a los cambios coyunturales, y cuya dificultad se encuentra relacionada con dificultades estructurales de nuestro modelo socioeconómico para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y generadora de oportunidades.
